FEBRERO: 

MES PARA LA LUCHA CONTRA LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO.

Ellos trabajaban de peones. Y ellas, de limpiadoras. 137 empleadas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid denunciaron que sus compañeros, con funciones similares, cobraban más por estar en otra categoría. El Tribunal Constitucional les dio la razón y su caso sentó jurisprudencia: "La categoría profesional es un elemento secundario cuando se constata la esencial identidad en la prestación laboral". Era principios de los años 90 del pasado siglo y, a igual nivel de estudios y de trabajo realizado, las españolas cobraban de media un 20% menos que los hombres. Casi 30 años y una Ley de Igualdad más tarde, la brecha salarial y el goteo de sentencias persisten. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en noviembre el reparto de pluses de productividad diferentes en un hotel de Tenerife a las camareras de piso (mujeres) y los camareros de sala (hombres) que recibían 139 euros frente a 640 euros de complemento, respectivamente.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Hasta ahora. Tres de los grandes partidos —PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta— quieren prohibir la brecha por ley y aplicar sanciones, como ya ha aprobado Islandia. Todos preparan propuestas de ley. El PP, que no prevé un texto específico propio, defiende la transparencia y las auditorías y está “abierto a estudiar la posibilidad de las sanciones”.

La realidad laboral española no es una excepción y ni siquiera es la que sale peor en la foto. Las diferencias en sueldos y reconocimiento a las trabajadoras persisten en todo el mundo y, al ritmo actual, las brechas (en plural) tardarán más de 100 años en cerrarse. La provocada porque ellas acaban en trabajos peor remunerados y asumen con más frecuencia un recorte de jornada para conciliar. Pero también la que, como en el caso de los peones y las limpiadoras, supone que una mujer y un hombre cobran distinto por trabajos y formación equiparables.

Hay países que han abierto camino. En Alemania -donde el ingreso bruto por hora trabajada es un 22% menos para las mujeres frente al 14,9% de España- una nueva ley obliga desde enero a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros hombres con un trabajo similar. En Reino Unido, las firmas a partir de de 250 empleados deben publicar por primera vez su brecha salarial antes de abril. Islandia ha ido más lejos, con auditorias obligatorias en empresas de más de 25 trabajadores. Si un hombre y una mujer reciben una retribución diferente para el mismo trabajo, la empresa donde ocurra se enfrentará a sanciones económicas aún por definir.

Y esa es la senda que siguen los partidos españoles. Unidos Podemos-En Marea es el que lleva más trabajo hecho con un texto ya registrado: la Proposición de Ley por la Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres, de 35 páginas. La iniciativa, pendiente de fecha para su debate en el pleno, modificaría hasta 10 normativas, desde el Estatuto de los Trabajadores a la Ley Reguladora de Jurisdicción Social. Las empresas estarían obligadas a hacer auditorías y, si las mujeres perciben desde un 20% menos, se considerará discriminatorio, lo que obligaría a igualar los salarios al alza y podría acarrear incluso indemnizaciones por daños y perjuicios.

Romper la barrera de la opacidad

Yolanda Díaz, diputada de En Marea, destaca que el primer paso es obtener datos,“romper la barrera de la opacidad” porque difícilmente se puede combatir la injusticia salarial si no se dimensiona. Su propuesta prevé auditorias en empresas a partir de 10 trabajadores, pelear las sanciones permitiendo que asociaciones feministas puedan personarse en los casos.Y obligar a que haya órganos paritarios tanto en los comités de empresa como en los sindicatos, para una negociación más plural. Pese a la Ley de Igualdad, solo uno de cada cuatro convenios incluyen medidas por la igualdad salarial.

El PSOE propone mejorar la inspección y “activar la justicia”

Todo el Congreso respaldó en octubre una moción que insta al Gobierno a garantizar que las empresas de al menos 50 trabajadores informen periódicamente de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos. Y a auditorías salariales en empresas de más de 250 empleados.

Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora asociada a Fedea, alerta de que las medidas de transparencia se deben centrar en la letra pequeña. No solo hay que revisar el salario base, sino los complementos salariales por nocturnidad, horas extra, fin de semana... “Entre un hombre y una mujer en la misma empresa y categoría ocupacional, con el mismo salario base e idéntica antigüedad en el puesto, persisten las desigualdades salariales por el componente variable que supone de media el 35% del salario total y por el que los hombres ganan un 50% más que las mujeres”.

Sin plan de igualdad en el Congreso

“Si no se puede pleitear y obligar a la equiparación, descubrimos la desigualdad pero todo queda en manos de cada trabajadora”, resume la exministra Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE. Su iniciativa, que  aún no es pública, incluye mejoras en la inspección de trabajo o mecanismos para “empezar a activar la justicia”.

Ciudadanos está revisando para su propuesta la forma jurídica que se debe dar a las sanciones

Ni siquiera el Congreso de los Diputados ha publicado en 10 años un plan de Igualdad como recogía la Ley de Igualdad de 2007. “Es una buena normativa, pero no se cumple. Y ese es el problema. Hay que ir más allá y establecer sanciones”, comparte la diputada Patricia Reyes, de Ciudadanos. La comisión para elaborar esa guía que garantice la misma participación y trato a todos los trabajadores de la Cámara baja se activó en octubre. Ciudadanos, que también prepara una propuesta de ley, está revisando sobre todo la forma jurídica que se debe dar a las sanciones.

El Gobierno ya estudia cómo hacer auditorias salariales a las empresas. Carolina España, diputada del PP, explica que es una negociación abierta con empresarios y sindicatos. “Todo lo que sea avanzar en este camino lo vamos a apoyar”, asegura. “Estamos abiertos a estudiar la posibilidad de sanciones”.

“Todo lo que sea avanzar en este camino lo vamos a apoyar”, aseguran desde el PP

Los partidos prevén que 2018 será un año decisivo para acortar la brecha salarial. Sara de la Rica advierte de que, además de entusiasmo, hacen falta voluntad y medidas muy claras. “Si se opta por el modelo islandés, hay que definirlo muy bien y eso no es fácil”. Tan claras como para que, cuando pasen 30 años, las sentencias que equiparan a limpiadoras y peones (o a camareros y camareras) no sigan haciendo falta.