ENTREVISTA | Lara Esteve, jueza especializada en violencia de género
"En diez años como jueza he visto una denuncia falsa por violencia de género"
"El año pasado instruí
1.100 asuntos penales y el 70% eran casos de violencia de género. Las
personas que trabajamos en justicia estamos desbordadas. No se puede dar
una respuesta adecuada", afirma la jueza Lara Esteve-
Lara Esteve es magistrada
especializada en violencia de género en el juzgado de instrucción número
3 de Carlet. Doctora con calificación cum laude en derecho
penal-violencia de género, con la tesis “Violencia de género en el
código penal español. Análisis del artículo 172 ter” por la Universidad
CEU-Cardenal Herrera.
Esteve lleva diez años ejerciendo la judicatura en constante formación y
desde su posición en una localidad periférica reclama que se dote al
sistema judicial de medios para poder llevar a cabo su trabajo como la
ley y las víctimas exigen. La magistrada reivindica la necesidad de
formación de los funcionarios de justicia y los cuerpos policiales, tal
como recogen los convenios internacionales, para hacer efectiva la
prevención de los delitos.
¿Cómo es el día a día en un juzgado de violencia de género?
Yo estoy en juzgado mixto, llevo tanto Penal como Civil y, de forma
exclusiva, Violencia de Género y Familia. Mi día a día es realizar
juicios civiles alternados con cuestiones de menores y divorcios,
delitos leves y servicios de guardia. Llevo la guardia de todos los
casos de violencia de género del partido judicial, que comprende unos
siete municipios. Llegan de uno a tres casos al día. El volumen de
trabajo es elevado porque comprende unos delitos que, aunque
procesalmente no son muy complicados, sí que necesitan mucho tiempo y
dedicación. Muchas veces las mujeres acuden al juzgado cuando acaban de
suceder los hechos, muy afectadas, acompañadas de menores o testigos
familiares que también están afectados. Hay que trabajar con ellas
previamente, estabilizarlas...
Cuando tengo
conocimiento del hecho de violencia, bien sea por atestado o porque la
persona acude al juzgado, llamo a las partes a declarar, a la forense
para que valore a la mujer, se hacen inspecciones oculares en el
domicilio por la Guardia Civil, he resolver la situación personal del
denunciado, pronunciarme sobre los menores... El año pasado instruí
1.100 asuntos penales y el 70% eran casos de violencia de género. Todo
eso compaginado con otras actuaciones de juzgado mixto y con la
complejidad de estos asuntos.
Hace unos meses, varias compañeras de Castellón pidieron el traslado
señalando que no podían con la carga de trabajo y pensaban que no podían
dar una buena atención. Con ese volumen de casos... ¿A los jueces les
da tiempo a hacer bien su trabajo?
Las
personas que trabajamos en justicia estamos desbordadas. Sé que es
recurrente decir que faltan medios, pero es así. No se puede dar una
respuesta adecuada. Es fantástico que haya tantas leyes [de protección],
pero la realidad es que no se da abasto. Los funcionarios están
trabajando, tienen que explicar a las víctimas qué sucede, el proceso...
Alguien que no ha ido nunca al juzgado, al que no le explican que esa
señora que le habla es una jueza... Es traumático, le ha podido hacer
daño posiblemente la persona en la que más confía. Y de repente, con
gente que no conoce, tiene que explicar su intimidad con prisas porque
detrás hay esperando otras dos personas. Gran parte del movimiento de
juzgado a juzgado es porque la carga de trabajo no sale.
Son reivindicaciones compartidas con la Policía...
Sucede lo mismo, en especial en los municipios. Puede ser que en
Valencia, al ser la capital, sea maravilloso, pero la mayoría somos los
de la periferia. A lo mejor, cuando hay un caso de violencia de género, a
la víctima la lleva normalmente la Guardia Civil al médico y al
juzgado. Si una patrulla está haciendo labor de acompañamiento, que lo
dice la ley, y el pueblo solo tiene una patrulla..., el pueblo se queda
sin patrullar. Luego hay unidades de Policía Local o Guardia Civil que
no tienen a nadie especializado en violencia de género, o solo hay una
persona, que también tiene derecho a descansar... Si esa persona no
está, vuelves a quedarte cojo. Ellos son los primeros que tienen
contacto con la víctima, que le dan o no confianza, y su formación es
fundamental.
¿Ven a muchas mujeres echarse atrás en el proceso porque no confían en la justicia o la policía?
La teoría de la ley es preciosa, da muchos recursos para la protección
integral de la víctima, señala que garantiza los derechos de la mujer en
todos los ámbitos. Ese mecanismo, a la hora de llevarlo a la práctica,
está cojo. Hay juzgados en los que una mujer está esperando a ser
atendida y se cruza en el pasillo con el agresor o su familia. Con esa
situación ¿qué respuesta le estamos dando?
Sobre las
medidas de protección, yo he tenido contacto con cuerpos policiales
fantásticos, dan de sí más de lo que por profesión tendrían que dar, es
algo personal, pero es cierto que si no hay medios y recursos una labor
de acompañamiento y protección de la mujer no se puede hacer como toca.
Entiendo que hay mujeres que se sientan desprotegidas.
A nivel judicial, vamos tan cargados de trabajo que se puede perder la
perspectiva del drama personal y familiar por el que pasa una víctima. A
veces mecanizamos el proceso y no nos damos cuenta de que esa mujer no
tiene por qué haber tenido contacto con la justicia y conocer el
procedimiento. Algo tan sencillo como saber quién es quién cuando se
toma declaración, explicar eso... Puede que no se haga y es intimidante.
El estatuto de la víctima del delito permite que entre acompañada
siempre que no sea por un testigo -para no contaminar el testimonio-
para tener cerca a alguien que le dé confianza. Eso no cuesta dinero y
se puede hacer.
Sobre formación de los jueces, el convenio de Estambul recoge algunas recomendaciones. ¿Qué falta por incorporar en España?
Hay que partir de una idea, y es que un juez es una persona que crece
en una sociedad patriarcal, como todos. Es algo estructural y está
reconocido por organismos internacionales, no por cuatro asociaciones.
Sacamos la oposición como en cualquier profesión y tenemos que seguir
formándonos, uno no aprueba y se jubila sin aprender nada. La necesidad
de formación no es una exigencia sólo a nivel interno. Viene del
Convenio de Estambul, de la Cedaw ( Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) a raíz del caso
González Carreño, que exigió a España que se formara, también lo hizo el
Comité de Europa. No es solamente que haya temario en las oposiciones,
sino también en la formación posterior de la escuela judicial,
complementado con la necesidad de que para acceder a los juzgados de
violencia de género se hagan pruebas de especialización. Ahora se accede
por escalafón.
Siguiendo
esta línea... Cuando se habla de justicia patriarcal se apela a casos
mediáticos en los que los jueces, por poner un ejemplo, preguntan por
cómo iba vestida la víctima o hacen este tipo de declaraciones... ¿Son
una excepción o realmente es un problema común?
Yo no sé lo que hacen mis compañeros. Son comportamientos que flaco
favor nos hacen a la judicatura. Estos comportamientos sirven para
llamar la atención, poner el foco sobre la judicatura y que hagamos
autocrítica. Con una repercusión como la que tenemos los jueces, tenemos
que ser exquisitos en los fondos y las formas.

A raíz de casos como el de la
Manada, que tuvieron tanta respuesta social, algunos censuraban que se
criticara la sentencia y a los jueces como si eso pusiera en peligro el
Estado de Derecho y la democracia.
Los
jueces tienen independencia de criterio a la hora de evaluar una prueba y
hacer una resolución, pero la sentencias son públicas y así lo reconoce
la legislación. La sentencia tiene un relato de los hechos y a ese
relato se asocia un tipo delictivo. Tu puedes estar de acuerdo o no,
pensar que es otro tipo de delito y se puede decir. Sí que es cierto que
históricamente las sentencias no eran criticadas ni comentadas, ahora
sí se hace y con las nuevas tecnologías todo va más rápido, hay más
publicidad de las resoluciones de justicia. No creo que sea malo. Es
necesario que la ciudadanía participe del debate y que este sea fundado y
con datos verdaderos.
Volviendo al trabajo del juzgado, ¿ven algún patrón en las agresiones sexuales?
Vemos que están aumentando, en el último año un 13%. Mayoritariamente
se dan de hombres a mujeres. Hay que ir al caso concreto, que para eso
estamos los jueces, pero se advierte una situación de discriminación y
superioridad, de un abuso de poder. El Convenio de Estambul reconoce que
la violencia de género no es solo aquella que se establece en el ámbito
de la pareja, sino que también entiende que hay que ir un paso más allá
y que la violencia de género comprende delitos que afecten de forma
discriminada a la mujer. Es importante tener en cuenta la incidencia que
tienen algunos delitos contra la mujer.
No soy
experta en esta cuestión, pero por lo que he estudiado he visto un
porcentaje importante de agresiones que suceden a edades muy tempranas.
Ahí es muy importante la educación sexual y afectiva, ver los primeros
contactos con las relaciones. Hay un estudio del ministerio, de 2015,
que señala que solo el 12% de los menores conocen el sexo por
explicación de sus familiares. ¿Qué pasa con el 88% restante? Muchos lo
conocen por el porno. Si un menor no tiene el filtro para diferenciar la
realidad de lo que no, si su experiencia no reproduce esa realidad
puede producir frustración, violencia o agresividad. Creo que esa
educación afectivosexual es fundamental.
Y aparte del acceso a la pornografía, ¿encuentran casos de violencia de género relacionados con las nuevas tecnologías?
Creo que son un aspecto importante en muchos delitos. Suponen una nueva
forma de comunicación y de ver la vida y hay que entenderlo. En el
ámbito de las relaciones, si no se ha aprendido a utilizarlas, se puede
producir el riesgo de que se den comportamientos agresivos, de control o
discriminación. He visto a chicas que tenían que mandarles a sus novios
fotos de lo que hacían en ese momento, que por qué estás conectada a
esta hora de la mañana... Se trata de cosas que no son constitutivas de
delito, pero esos comportamientos, si se repiten de manera constante y
componen una forma de llevar una relación, sí pueden dar lugar a
comportamientos delictivos. No solo el acoso, el chantaje con fotos
íntimas, también el acoso en los centros escolares. Antes acababa al
llegar a casa o cambiar de centro, ahora no acaba al salir del colegio.
Es constante, fácil de cometer y en algunos casos se conoce al emisor,
pero el anonimato lo complica. ¿Contra esto? Educación. Para saber
utilizar las tecnologías y aprender a identificar estos comportamientos.
Me gustaría hablar de algunos mitos sobre la violencia de género. En casos de divorcio, ¿las denuncias se ponen en cuarentena?
Absolutamente, no. La violencia de género es una causa penal. Los
juzgados de violencia de género tienen competencia en los casos de
violencia y los asuntos familiares relacionados con violencia. Si
comienza un juicio de familia y hay un episodio de violencia, el juzgado
de violencia de género asume la competencia. Una cosa no tiene nada que
ver con la otra.
En mi experiencia profesional, lo
que me he encontrado son procedimientos de divorcio en los que una mujer
ha sido víctima de violencia de género y no ha querido abrir esa vía.
Ellas creen que es mejor para los menores y prefieren no hacerlo. Y no
me ha pasado una vez.
Otra afirmación: Si llamas al 016, el denunciado se pasa la noche en el calabozo.
A ver, hay que dejar una cosa muy clara. El 016 no es un teléfono de
denuncias. Es un teléfono de ayuda. Te puede acompañar, asesorar... No
es solo para las víctimas, pueden llamar amigas, amigos, familia,
alguien que ha visto algo por la calle... Cualquiera puede llamar. Aún
llamando la víctima, si ella no quiere, el teléfono no va a avisar a la
Guardia Civil o el juzgado. Otra cosa es que, puesta la denuncia y con
indicios de que exista violencia de género, que el médico haya hecho el
cribado y se vea situación de peligro, se actúa. Se llama a la víctima
para que cuente lo que ha pasado y la Guardia Civil o la Policía tiene
que citar al señor. Si entiende que los hechos son suficientemente
graves, puede proceder a la detención o mandarle a declarar al juzgado.
Es una decisión policial que evalúa el riesgo.
La última: que la Ley de Violencia de Género elimina la presunción de inocencia.
No sé que artículo de la ley habla de la inversión de la carga de
prueba o de la presunción de inocencia. Tengo un doctorado en violencia
de género, me la he leído. La presunción de inocencia es un derecho
fundamental en el ámbito penal. Si esta ley pasara de ese precepto, no
haríamos falta los jueces. Cuando se pone una denuncia, el denunciado es
investigado, no culpable. Se realizan pruebas, se toman testimonios y
al final del proceso se decide por el órgano competente si se ha
cometido un delito o no. La presunción de inocencia acompaña a cualquier
persona investigada hasta que se dicta lo contrario.
La Fiscalía señala que el 0'01% de denuncias son falsas, mientras que
algunos grupos incluyen en esa categoría las sentencias absolutorias o
las denuncias retiradas.
Los datos son los
que marcan la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial. Estos
porcentajes no sé de dónde los sacan, porque el Consejo habla de las
resoluciones oficiales, de los jueces que dictamos sentencia. Otra cosa
distinta son los asuntos que acaban en archivo. Puede ser porque no
exista prueba suficiente de que el investigado es culpable, que no
significa que la víctima mienta, sino que no hay pruebas suficientes;
como no se ha roto la presunción de inocencia, ante la duda, se
beneficia al investigado. Por otro lado, tenemos los casos en los que la
víctima se acoge a su derecho a no declarar, que suele ser la prueba de
carga. Si no contamos con su declaración, puede faltarnos prueba.
Tampoco significa que mienta, sino que tiene razones para no hacerlo.
Llevo 10 años de jueza y de denuncias falsas por violencia de género...
creo que he visto una. Sin embargo, he tenido muchas denuncias falsas o
simulación de delitos en caso de robo o hurto de móviles, de estafar a
seguros... Podemos hablar de las denuncias falsas ahí. En el caso de
violencia de género, se trata de datos oficiales, que son de organismos
públicos e independientes.
¿Qué riesgos tendría volver a considerar la violencia de género como violencia doméstica?
Confío en que no se lleve a cabo. Sería ir en contra de 20 años de
evolución legislativa. Hemos suscrito convenios internacionales y sería
un gran paso atrás. Me sorprendería mucho que se derogara una ley
orgánica, pero me preocupa que no haga falta. Puedes tener una ley y no
dotarla. Si no hay presupuesto para el Observatorio, para el turno
especializado, para los centros de mujer, la especialización en salud...
Hay otras maneras de atacar las leyes: dejar que mueran.
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