LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDAD DE EXPLOTACIONES AGRARIAS AL CONGRESO.

La implantación progresiva de la titularidad compartida es una solución necesaria para las más de 400.000 mujeres cónyuges de titulares de explotación, que todavía figuran como ayuda familiar.
El pasado jueves 21 de julio fue al Congreso la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, para que concluyera su trámite parlamentario. La visibilización del trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias es una reivindicación histórica de FADEMUR y de la Unión de Pequeños Agricultores/as y Ganaderos/as (UPA), que al fin despertó la sensibilidad de un Gobierno que “está dando los pasos para hacerla realidad”.
El régimen que ofrece la presente ley es aplicable a matrimonios y parejas de análoga relación de afectividad.
En la actualidad, el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas y, sin embargo, en la mayoría de los casos, el 71,2% concretamente, los titulares de la explotación son hombres. En este contexto, la labor de las mujeres se considera como una “ayuda familiar”, de forma que a pesar de trabajar en las explotaciones no pueden gestionarlas administrativamente ni consolidan ningún derecho cuando los titulares son sólo sus cónyuges.
El nuevo marco legal que ofrece la titularidad compartida, además de la regulación de los efectos administrativos, promoverá una acción positiva dando visibilidad fundamentalmente a las mujeres y permitiendo que éstas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con respecto a los hombres.
¿Qué va a significar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para las mujeres?
Van a dejar de pedir a sus maridos la autorización para hacer las gestiones de la explotación de las que habitualmente se ocupan.
Van a tener asignados ingresos propios derivados de su trabajo, es decir, rendimientos del trabajo, con lo que podrán hacer su declaración de la renta individual que siempre será mejor para el resultado familiar que la conjunta.
Se les asignarán la mitad de los derechos y cuotas de producción con que cuente la explotación (cuota láctea, derechos de viñedo, de pago único…), con lo cual estará todo más claro en un caso de divorcio, por ejemplo.
Se facilitará su acceso al crédito, a las compras, a los contratos… porque ya aparecen “en los papeles” como titulares de esa explotación.
En definitiva, las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares agrarias por fin van a ver reconocidos todos sus derechos individuales derivados del trabajo que realizan.
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